Seis exministros del presidente Luis Arce fueron involucrados en procesos penales por diversos casos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y conformación de presunto consorcio judicial.

Algunos de ellos ya fueron sentenciados, otros se encuentran bajo detención preventiva y el último, César Siles, fue aprehendido este jueves.

Este renunció el pasado viernes involucrado en presuntos delitos de consorcio y tráfico de influencias en el caso de la suspensión de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira.

Exministros

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, Siles coordinó con el juez de Coroico Fernando Lea Plaza la suspensión de la magistrada. Dicha acción buscaba favorecer al magistrado suplente Iván Campero.

Un audio y la declaración del juez implicado respaldaron la acusación. Siles negó las imputaciones y aseguró estar dispuesto a someterse a la investigación. Se presentó este jueves en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde fue aprehendido.

Otro caso es el del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, quien fue capturado en flagrancia en abril de 2021 mientras recibía un soborno de 20.000 dólares a cambio de facilitar trámites sobre tierras.

Procesos

En septiembre de 2022 fue condenado a ocho años de prisión por cohecho pasivo, sin derecho a indulto. Su antecesor, Wilson Cáceres, también fue destituido a finales de 2020 por nepotismo, tras designar a su pareja como jefa de gabinete.

Por otra parte, Juan Santos Cruz, exministro de Medioambiente y Agua, fue enviado a prisión preventiva en mayo de 2023 por un esquema de sobornos que superó los Bs 19 millones, según denuncias de su exasesor.

En su reemplazo asumió Alan Lisperguer, quien fue destituido en enero de 2025 tras sospechas de enriquecimiento ilícito: pasó de tener dos a nueve inmuebles en menos de un año, además depósitos bancarios presuntamente irregulares.

Gestión

El exministro de Educación Adrián Quelca también fue investigado en 2021 por tráfico de influencias, tras denuncias de favorecimiento político en designaciones docentes. Aunque el proceso penal lo obligó a renunciar, en julio de 2022 el Ministerio Público determinó su sobreseimiento por falta de pruebas concluyentes.

Los procesos abiertos contra estos exministros han puesto en cuestión el discurso anticorrupción del Gobierno. A la fecha, cinco exautoridades han sido imputadas formalmente, tres tienen o tuvieron detención preventiva, dos fueron condenadas y una fue sobreseída.

A medida que los casos avanzan en la justicia ordinaria, el Órgano Ejecutivo guarda silencio público sobre el manejo interno de estos escándalos. Mientras tanto, la Fiscalía asegura que las investigaciones continúan y no descartó alcanzar a otros actores políticos vinculados con estos hechos.

por Yola Layme H